Algoritmos desafían la justicia laboral
Urgen nuevas reglas para valorar pruebas digitales y especialistas en los tribunales.
María del Pilar Martínez
La digitalización de las relaciones laborales y el uso de algoritmos en los centros de trabajo obligan a empresas, sindicatos y autoridades a transformar la manera en que se generan y acreditan las pruebas en un juicio, coincidieron especialistas durante el encuentro Demostración en vivo y análisis de evidencia digital.
Al participar como ponente en el foro organizado por Codex, la Asociación de Internet MX, Lawgarithmics y Legalta, el maestro José Luis Rostro advirtió que el derecho laboral enfrenta escenarios inéditos debido a la automatización y la inteligencia artificial. Como ejemplo de esta transformación, expuso el surgimiento de la denominada empresa oscura, modelo en el que la automatización y los algoritmos sustituyen puestos de trabajo humanos, tal como ocurre cotidianamente con los cajeros automáticos en los centros comerciales.
Rostro también ejemplificó el avance de las empresas basadas en inteligencia artificial agente, las cuales operan aún en fase experimental pero ya contratan alrededor de 750 mil personas mediante sistemas programados por un solo individuo para tomar decisiones autónomas.
A ello sumó el caso de las plataformas digitales donde los algoritmos determinan tarifas dinámicas o ejecutan despidos sin intervención humana, lo que exige ofrecer auditorías algorítmicas como medio de prueba en los tribunales.
En el ámbito de los litigios individuales, el especialista relató un caso ocurrido durante la reinstalación virtual de un trabajador en una institución financiera que contaba con 37 firmas electrónicas.
Señaló que la autoridad incurrió en una ilegalidad al asentar las contraseñas confidenciales directamente en el acta frente a una treintena de asistentes, vulnerando la seguridad informática.
Para dimensionar el alcance jurídico de las credenciales electrónicas, comparó el uso de claves laborales con entregar una tarjeta de crédito y su contraseña a un tercero que realiza gastos millonarios, subrayando que la identidad digital conlleva consecuencias legales plenas.
Por su parte, la doctora María del Rosario Jiménez Moles, Magistrada Presidenta de la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, encargada de la presentación, moderación y conclusiones del evento, alertó sobre los retos que impondrá la entrada en vigor del registro electrónico obligatorio de jornada laboral el 1 de enero de 2027, derivado de la reforma de mayo de 2026 al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
Jiménez Moles explicó que aún falta emitir una norma técnica que garantice que los sistemas de asistencia no sean alterados por las áreas de recursos humanos, lo que deja en estado de indefensión a las pequeñas y medianas empresas, generadoras de más del 80 por ciento del empleo en el país, frente a reclamos de horas extra y multas de 250 a 5 mil UMAS. Contrastó esta situación con el caso de grandes corporativos como Coca-Cola o Bimbo, los cuales prácticamente no enfrentan juicios laborales porque operan con registros biométricos, incluso de lectura de iris, y cumplen con el pago de tiempo extraordinario.
La magistrada destacó que el uso de tecnología blockchain, geolocalización, validación de identidad mediante la CURP vinculada con bases de datos del IMSS, INE y SAT, así como la constancia de conservación de mensajes de datos certificada por la Secretaría de Economía bajo la Norma Oficial Mexicana 151 de 2026, permiten dotar a los documentos digitales de autenticidad, integridad, fecha cierta y trazabilidad.
Esto evita periciales costosas o manipulables frente a renuncias firmadas en hojas en blanco o audios y videos alterados con inteligencia artificial.
Finalmente, Jiménez Moles subrayó que estas herramientas tecnológicas son indispensables para garantizar el voto personal, libre, secreto y directo en la vida sindical. Como muestra de su urgencia, mencionó la elección de la sección 22 del sindicato de limpia del gobierno de la Ciudad de México, que agrupa a 100 mil trabajadores, donde la falta de mecanismos digitales auditables en un proceso altamente politizado derivó incluso en amenazas de llenar de basura las inmediaciones del Estadio Azteca durante el Mundial.
Enviado desde mi iPhone