La justicia que se atora

El nuevo modelo laboral nació para acabar con los juicios eternos. Hoy, una demanda en un tribunal laboral local tarda en promedio 15 meses y 6 días en resolverse, casi cinco meses más que hace un año. Las demandas crecieron 18% y los jueces, 8%.

La justicia que se atora

Por Arturo Rivero

Lo despidieron, demandó y espera. En promedio, 15 meses y 6 días.

Es el tiempo que hoy tarda un tribunal laboral local en resolver un juicio, según el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre septiembre de 2024 y junio de 2025 eran 10 meses y 9 días. En un año, la espera creció casi cinco meses.
La explicación está en los números del mismo informe. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 llegaron 132,200 demandas a los tribunales laborales locales, 18% más que en el periodo anterior. Para atenderlas había 269 personas juzgadoras, apenas 20 más: un aumento de 8%. Cada juez recibió en promedio 491 demandas.

En esos diez meses se emitieron 19,254 sentencias. Por cada 100 demandas que entraron, se emitieron menos de 15 sentencias.

La puerta de entrada también se angostó. En los centros de conciliación locales, la etapa obligatoria antes del juicio, las solicitudes subieron de 723,157 a 795,116. Las personas conciliadoras pasaron de 720 a 738. La tasa de conciliación cayó de 77.3% a 72.9%: más casos que no se arreglan en esa etapa.

En el ámbito federal, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral recibió 164,771 solicitudes individuales; 40,770 terminaron sin acuerdo.

¿Qué lleva a la gente hasta ahí? En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el despido explica 61% de las solicitudes de conciliación.

El gobierno destaca otra lectura. Cada juez emitió en promedio 72 sentencias, contra 66 del periodo anterior, un aumento de 9.1% en productividad. Además, la tasa de resolución de los tribunales locales subió de 60.8% a 62.1%. Según el informe, eso refleja “una mayor capacidad institucional”.

Pero la productividad no alcanza al volumen. Y el dinero para reforzar el sistema en los estados fue mínimo: 13 entidades pidieron recursos para sus centros de conciliación y 15 para sus tribunales. Al 30 de junio de 2026 se habían aprobado 100 millones de pesos para todo el país.

El modelo que llegó para dejar atrás las viejas Juntas de Conciliación y Arbitraje empieza a repetir su peor vicio: hacer esperar al trabajador.