Congelan sueldo digno a burócratas
Tribunales federales determinaron que los trabajadores del Gobierno capitalino no pueden exigir hoy el sueldo de dos salarios mínimos que les promete la Constitución de la Ciudad. Tendrán que esperar a 2030.
Por Arturo Rivero
Los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México no podrán exigir ante un juez que se les pague al menos el doble del salario mínimo, como lo ordena la Constitución capitalina, sino hasta el 1 de enero de 2030.
Así lo decidió el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur en una jurisprudencia publicada el 30 de octubre. Desde el 3 de noviembre, los tribunales de la región están obligados a seguirla. Quien demande hoy ese pago perderá el juicio.
Ese derecho quedó escrito en la Constitución promulgada en 2017 y debía valer desde el 1 de enero de 2020. La fecha se movió al 31 de agosto de 2024 y, días antes de que llegara, el Congreso capitalino la aplazó por unanimidad hasta 2030. Con ese aplazamiento también quedó congelado el tribunal propio que resolvería los conflictos laborales del gobierno.
Ante la espera, algunos trabajadores presentaron demandas. Su argumento era que la norma es tan clara que un juez puede ordenar el pago de inmediato. Un tribunal colegiado les dio la razón y otros se la negaron. El 23 de septiembre, el Pleno resolvió por unanimidad esa contradicción: aunque la regla sea clara, solo obliga desde la fecha que fijó el Congreso.
Lo que se paga está lejos de lo que promete la Constitución. En 2024, el entonces jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció un aumento para 61 mil 942 trabajadores que ganaban menos del mínimo. La meta era llevarlos a 7 mil 467 pesos mensuales, la mitad de lo que ordena la Constitución local. En 2019, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que unos 12 mil trabajadores capitalinos cobraban por debajo del mínimo.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha dado plaza de base a más de 13 mil trabajadores de la Nómina 8. Pero tener base no significa ganar dos mínimos.
Además, el pasado 9 de noviembre la diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Urriza calculó que al menos 35 mil personas que trabajan para el gobierno capitalino no tienen seguridad social ni derechos laborales.
La espera solo puede acortarse si el Congreso adelanta la fecha o si el gobierno decide pagar por su cuenta. Si no pasa ninguna de las dos cosas, los trabajadores tendrán que aguardar tres años más, sin garantía de que el plazo no vuelva a moverse.