Por Arturo Rivero
La controversia sobre la Modalidad 40 del IMSS plantea una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llegan las facultades del Consejo Técnico para modificar las condiciones de un esquema de cotización reconocido por la Ley del Seguro Social?
El Consejo Técnico tiene atribuciones para administrar el Instituto, emitir acuerdos y establecer mecanismos de control. Sin embargo, esas facultades no equivalen a legislar ni permiten imponer restricciones contrarias a derechos previstos en la ley.
La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que las medidas buscan frenar fraudes y pensiones irregulares. El objetivo puede ser legítimo, pero su legalidad depende del contenido y alcance de las disposiciones adoptadas.
Si los cambios únicamente fortalecen la verificación de requisitos, podrían encontrar sustento jurídico. Si alteran condiciones sustantivas de acceso o cotización, surgiría un problema de legalidad y jerarquía normativa.
El debate no es si el IMSS debe combatir abusos. Debe hacerlo. La cuestión es si puede transformar, mediante acuerdos administrativos, derechos que corresponde regular al Congreso.
