Doce sillas y un silencio, en el recorte a la Modalidad 40
Dos días después de la publicación, la CTM salió a rechazarlo. Lo llamó injusto, habló de protestas y lo describió como un "decreto presidencial". No explicó qué hicieron sus consejeros en esa sesión. Hasta hoy, nadie ha informado cómo votó la representación obrera.
Por Arturo Rivero
El recorte a la Modalidad 40 no salió de una oficina del gobierno. Salió de una mesa con doce sillas, y cuatro de ellas están reservadas por ley para los representantes de los trabajadores.
Es el Consejo Técnico del IMSS. El artículo 263 de la Ley del Seguro Social lo integra con cuatro consejeros del gobierno, cuatro de los patrones y cuatro de los obreros. En su última integración conocida públicamente, esas sillas obreras eran de la CTM, la CROC, la CROM y el Sindicato Minero.
Ese Consejo aprobó el acuerdo en una sesión extraordinaria el 10 de octubre. Desde el día 22, quien quiera seguir pagando por su cuenta sus cuotas para mejorar su pensión ya no puede elegir un salario alto: sólo el último que tuvo, más unos 3 mil 500 pesos. Alguien que ganaba 20 mil pesos y planeaba cotizar con 89 mil, hoy topa en 23 mil 566.
Dos días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la CTM salió a rechazarlo. Lo llamó injusto, habló de protestas y lo describió como un "decreto presidencial". No explicó qué hicieron sus consejeros en esa sesión. Hasta hoy, nadie ha informado cómo votó la representación obrera.
La pregunta importa por una razón legal. En 2002, la Segunda Sala de la Suprema Corte resolvió que los acuerdos de ese mismo Consejo están por debajo de la ley y no pueden contradecirla ni limitarla. La ley, en su artículo 218, permite cotizar con el último salario "o superior", hasta el tope legal. El acuerdo pone un techo que la ley no tiene.
Esa tesis circula como bandera de quienes preparan amparos. Lo que nadie ha señalado es su ironía: si el Consejo se excedió, lo hizo con sillas obreras en la mesa.
El IMSS justifica la medida por fraudes de gestores que prestaban dinero para cotizar y daban de alta a personas en empresas fantasma. Su director, Zoé Robledo, admitió que el tema está en una frontera. Por eso el propio acuerdo da un año para estudiarlo y proponer cambios a la ley. Es decir, primero se cambió la regla y después se verá si la ley lo permite.
La tesis no garantiza nada en tribunales: es un criterio aislado.
Pero el acta de esa sesión existe. Ahí está la respuesta que los sindicatos no han dado.
